El pasado día 12 de abril entró en vigor la controvertida Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario que, siguiendo con nuestra tradición legislativa en materia de educación, es más conocida por su acrónimo LOSU. Controvertida porque, como también es habitual en nuestra historia, el campo social de la educación siempre provoca enconados debates no exentos de sus correspondientes atrincheramientos ideológicos. Sin embargo, como con cualquier ley, lo que despierta más interés es el desarrollo normativo que la sigue; es decir, las concreciones que hacen que esa ley se pueda llevar a cabo. Este desarrollo normativo se suele realizar mediante reales decretos. En el caso de la LOSU dos de los reales decretos más importantes que la desarrollan están en periodo de audiencia e información pública para que la ciudadanía presente alegaciones: el primero refiere a la adscripción del profesorado y el segundo a la organización de los departamentos universitarios. La audiencia pública es una práctica muy saludable que siempre debemos agradecer a las administraciones e instituciones públicas que las llevan a cabo. Lo que sigue es el escrito que en este marco acabo de presentar al Ministerio.
Dr. Antonio Miguel Nogués Pedregal
Catedrático de antropología social.
Universitas Miguel Hernández
Es necesario reformar el sistema universitario y me alegro de que la LOSU nos esté obligando a reflexionar sobre la universidad que queremos. Sin embargo, considero que si se mantiene por áreas de conocimiento el sistema de acreditaciones –que es la puerta de entrada a la carrera académica—el cambio en la terminología de adscripción del profesorado y la reagrupación disciplinaria no van a lograr lo que se pretende. Entiendo que esto es así porque el sistema de acreditación y la estructura académica son homólogos. No se puede entender el uno sin el otro y, por eso, se mantendrán las prácticas que dan cuerpo al clientelismo y a la distribución del poder que permean toda la universidad española.
Creo que lo anterior es así por lo que voy a explicar a continuación.
Por si acaso estuviera errado en mi entendimiento, voy a exponer qué es lo que yo he entendido de la propuesta del ministerio. Si como posgraduado tengo la intención de comenzar una carrera académica y obtener la acreditación para acceder a los cuerpos docentes universitarios, debo saber que mi currículum vitae se evaluará en el marco de un ‘área de conocimiento’ que, junto a otras, forma parte de una ‘comisión de acreditación’ entre las varias que existen en ANECA. También debo tener en cuenta que cuando quiera presentarme a un puesto (plaza) de profesor universitario, esta acreditación será calificada por los criterios que establezca un ámbito de conocimiento y que estos deberían depender en principio de la docencia (asignatura) que fuese a impartir en el caso de que se me concediese la plaza. También debo saber que estas asignaturas las impartiría en un grado que está adscrito a uno de los campos de estudio que establece la ANECA; y, por último, también debo saber que mi posterior actividad investigadora (sexenios) será evaluada en un determinado campo y área científicos también establecidos por esta misma agencia.
Dicho con el ejemplo que me resulta más cercano, diré que yo obtengo mi acreditación por el ‘área’ de antropología social (030) que está incluida en la ‘subcomisión’ D19 de Ciencias sociales de la comisión D de Ciencias sociales y jurídicas de la ANECA. Para el puesto de profesor al que aspiro, tendré que impartir docencia en un grado del campo de estudio de Comunicación según establece la ANECA, aunque mi currículum será evaluado por el ‘ámbito de conocimiento’ Estudios culturales y antropología recién creado por ANECA, porque la asignatura está adscrita a ese ámbito según decidió el consejo de gobierno de la universidad. Pero también debo saber que, si todo va bien, mi actividad investigadora (sexenio) será evaluada por ANECA dentro el ‘área’ de Antropología social (030) que se encuentra dentro del Campo 7 de Ciencias sociales, políticas del comportamiento y de la educación.
Es decir, si entiendo bien la propuesta que hace el ministerio, a lo largo de mi carrera académica e investigadora, mi actividad se habrá visto desarrollada en cuatro marcos de referencia distintos, aunque establecidos y delimitados por una misma agencia. De entrada, es una complejidad terminológica que resulta extraña máxime considerando que es una misma entidad la que debe aplicar las distintas delimitaciones.
Comparto el propósito de sacudir los cimientos de una universidad pública cuyos vicios y deficiencias todos conocemos muy bien y me alegro de que la LOSU nos obligue a pensar qué universidad queremos. De hecho, ya en 2009 escribí aquí y aquí sobre la necesidad de replantear las áreas de conocimiento porque son la causa primera de gran parte de los males que lastran a la universidad pública española. No obstante, hay algún elemento que considero que mermará la efectividad de estos reales decretos en su actual definición.
Uno de los principales defectos que tiene el sistema universitario es la llamada endogamia universitaria. En mayor o menor medida todos los que conocemos la universidad de primera mano y hemos tenido cargos de responsabilidad o estado en alguna comisión de contratación hemos tenido que lidiar con ella y reflexionar sobre sus ventajas e inconvenientes. Tal como entiendo la filosofía que subyace a este RD y a su complementario sobre los departamentos es combatir en la medida de lo posible estas prácticas.
La ciudadanía en general entiende que la endogamia se limita a contratar a una persona en detrimento de otra que tenía más méritos. Afortunadamente esto no es tan así o, por lo menos, cada vez es menos tan así. Sin embargo, muy pocos ciudadanos conocen que la consecuencia más perniciosa de este sistema –que yo prefiero llamar clientelar más que endogámico—no es que se contrate al profesorado por amistad, simpatía o afinidad ideológica, sino lo mucho que afecta a la elaboración de los planes de estudio universitarios. Un hecho que merma la calidad de la formación de los jóvenes universitarios en los planos científico y profesional y hace que se pierda mucha energía y entusiasmo en tanta lucha intestina por colocar una u otra asignatura.
La universidad, como cualquier otra institución pública o privada, sea española, europea o transnacional es un conglomerado de personas relacionadas entre sí y envueltas en una red de juegos de intereses y de relaciones de poder. No sé como evolucionará la Inteligencia Artificial ni cuáles serán sus potencialidades para la toma de decisiones autónoma, pero no parece que de momento los seres humanos podamos relacionarnos socialmente si no es envueltos en unas relaciones de poder que nosotros recreamos con nuestras prácticas.
Aunque todos sabemos y somos conscientes de esto, es importante recordar que en la elaboración de estos planes de estudio pesan mucho –siendo comedido diré solo ‘mucho’—las luchas intestinas que las áreas de conocimiento mantienen por esa cuota de poder que da acceso a los recursos y retribuciones que gestionan los equipos de gobierno y que estos distribuyen en forma de cargos, prebendas y nombramientos varios.
A mí entender las ‘áreas de conocimiento’ son el fundamento primero de que –en su afán por colocar asignaturas para así aumentar la plantilla de profesorado y mantener su correspondiente cuota de poder—los planes de estudio no atiendan prioritariamente a una formación académica o científica plural y de calidad, ni, tampoco, a las demandas de un mercado laboral que cambia con tanta celeridad. La mutua lejanía que existe entre la universidad y la sociedad que la financia es la consecuencia más palpable.
Implantadas en los años ochenta, las áreas de conocimiento vinieron a combatir los modos autocráticos de las tradicionales cátedras. De algún modo, aquellas originarias unidades de adscripción del profesorado desarrollaron unas prácticas que, comparadas con el modelo anterior, resultaban democráticas. Sin embargo, de igual modo que todo organismo aislado tiende a la entropía, las áreas fueron degradando sus prácticas y perdieron gran parte de su energía en unas luchas intestinas que terminaron contaminado a todo el sistema.
De ahí que la propuesta del Ministerio esté provocando malestar. Al incorporar especificidades muy específicas (p.ej. ingenierías del ámbito de la Defensa), realizar fusiones difíciles de entender (p.ej. cirugía, odontología y podología), hacer desaparecer áreas (p.ej. literatura o filología) en amplios paquetes (p.ej. derecho, artes, comunicación e información), o mantener otras que para el no especialista resultan muy cercanas (p.ej. economía y empresa) esta propuesta de RD está sacudiendo los cimientos del sistema.
No me parece desacertado el recurso a las divisiones del saber o bloques conceptuales más clásicos si se tiene el propósito de fomentar la transdisciplinariedad metodológica y epistémica y, también, volver permeables las fronteras del conocimiento disciplinario. Sin embargo, más allá de las susceptibilidades identitarias que pueda herir el listado propuesto por el Ministerio, la atracción que sienten muchos académicos por la logomaquia, el cariño a las denominaciones clásicas de las disciplinas y los agravios comparativos que puedan percibirse, no me parece que esta categorización vaya a modificar las prácticas que mantienen la esencia clientelar de nuestra organización académica.
No creo que esta aproximación al problema solucione nada porque, en definitiva, la puerta de entrada al sistema va a seguir siendo el área de conocimiento. Las acreditaciones se realizarán desde ese marco conceptual y, por el principio de realidad, el ámbito (no importa el nombre que se le ponga) será subsumido por las prácticas sociales que son las que dan sentido a las áreas de conocimiento. El sistema de acreditación y la estructura académica son homólogos. No se puede entender el uno sin el otro. De igual manera que las prácticas autocráticas que caracterizaron a las antiguas cátedras terminaron contaminando a las áreas de conocimiento, aventuro que el régimen feudovasallático encontrará la manera de sortear las nuevas denominaciones si se mantiene la división por áreas en el sistema de acreditaciones.
¿Cómo baremarán las comisiones de contratación de una plaza unas acreditaciones frente a otras? ¿Qué índice de corrección se aplicará a una acreditación aprobada por esta área de conocimiento frente a la aprobada por otra área de conocimiento? ¿Cómo distinguiremos la afinidad de un área al contenido de una asignatura en una titulación concreta (campo de estudio) y cómo valoraremos su capacidad para impartirla frente a otra área de similar perfil?
Todos conocemos bien el panorama universitario español y sabemos las prácticas disciplinarias que lo vertebran. Por esto considero que, si no se modifica el sistema de contratación de profesorado y éste simplemente pasa ahora al ‘ámbito de conocimiento’, la elección del perfil que se contrate –al igual que hoy ocurre con la elaboración de los planes de estudio, la adscripción de las asignaturas o el reparto de cargos, prebendas y beneficios académicos—va a responder a los intereses del ‘sub-ámbito’ que más peso herede del actual sistema de áreas de conocimiento.
Dice un dicho popular mediterráneo que en un gallinero no puede haber más de un gallo. Estoy convencido de que acometer una reforma de la estructura académica que no modifique la organización del sistema de acreditaciones, va a provocar tensiones en el seno de muchos departamentos cuyas áreas son hoy autónomas y totalmente externas entre sí. Preveo que se resquebrajen muchas de las ententes cordiales que hacen funcionar más o menos bien a los departamentos que están formados por áreas que se diluirán en ámbitos de conocimiento más amplios, o que aparezcan problemas en aquellos nuevos departamentos que surjan con la aplicación del RD porque se aumenta el número mínimo de profesores que se necesitan para formar uno.
Sé que es posible encontrar un sistema que organice de manera complementaria los mundos académico y científico, y que ordene la docencia y la investigación, pero me temo que podemos perder una buena ocasión para sacudir y erradicar todo el entramado feudal que lastra y bloquea nuestra universidad pública si mantenemos al área de conocimiento en el zaguán.
Atentamente.
Dr. Antonio Miguel Nogués Pedregal
Catedrático de antropología social.
Universitas Miguel Hernández