Al hilo de la lectura de Los memorialistas exigen a Rajoy que condene la dictadura franquista el próximo 20N de A. Moya.

No importa qué clase de análisis se haga de las declaraciones políticas o de las acciones (y omisiones) llevadas a cabo por la derecha española en referencia al pasado franquista, uno siempre llega a la conclusión de que los políticos del PP actúan con hipocresía porque mantienen la equidistancia entre los asesinos y los familiares de los asesinados que reclaman justicia, y tuercen el sentido común con un lenguaje que se resiste a condenar sin paliativos los miles de asesinatos perpetrados por el régimen franquista.

Y ciertamente, cualquier ciudadano sensato, no puede sino sentir que cada vez que los políticos españoles de derecha (en cualquiera de sus manifestaciones partidistas) se muestran reticentes a condenar estos crímenes y se niegan a extraditar a torturadores e impiden que se juzguen a los responsables políticos que aún viven, provocan un tremendo malestar en la sociedad española porque ensucian la calidad de nuestra democracia parlamentaria, desvelan la naturaleza totalitaria del tradicionalismo desde la que gobiernan un estado social, democrático, laico y de derecho, nos recuerdan a los demócratas su simpatía y cercanía ideológica con un régimen asesino y la debilidad moral de los acuerdos alcanzados durante la Transición; pero sobre todo, porque cada vez que evitan asumir la responsabilidad histórica de las barbaridades cometidas por Franco y sus colaboradores, se vuelven cómplices intelectuales de todos y cada uno de los miles de asesinatos cometidos.